Ahora, los conductores ebrios que provoquen accidentes, deberán pagar si ingresan al hospital

La Legislatura le dio sanción final al proyecto que busca el recupero de las prestaciones de salud a conductores alcoholizados al protagonizar accidentes graves.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley del Ejecutivo que establece el recupero de las prestaciones de salud realizadas en los efectores públicos, en beneficio de aquellos que, conduciendo bajo los efectos del alcohol, participan o causan accidentes de tránsito. Esta iniciativa forma parte del Plan Provincial de Salud y busca concientizar sobre las elevadas cifras de accidentes viales en Mendoza.

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El objetivo de esta ley es recuperar "el costo que la violación de distintas normas genera en el sistema de salud público provincial". Para ello, se faculta al Ministerio de Salud y Deportes, a través del Ente creado por la Ley Nº 9535 - REFORSAL -, a "cobrar o recuperar las prestaciones de salud realizadas en los efectores del Sistema de Salud Público en beneficio del conductor que, habiendo incurrido en las prohibiciones del artículo 52 incisos 7 y 8 de la Ley Nº 9024, participe o cause un accidente de tránsito".

Según trascendió, un conductor ebrio que termina internado en un hospital público puede costarle al sistema de salud hasta 15 millones de pesos después de un accidente grave que requiera una intervención urgente y, en algunos casos, riesgosa.

El artículo mencionado de la Ley de Seguridad Vial prohíbe a los conductores, manejar bajo los efectos del alcohol, psicotrópicos, estupefacientes, estimulantes u otras sustancias que alteren el estado físico o mental necesario para circular sin peligro. Además, establece límites para la conducción de automóviles, bicicletas con o sin motor, motocicletas, ciclomotores, y transporte de pasajeros y carga.

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En materia de accidentes de tránsito, se ha documentado que 1 de cada 4 muertes está relacionada con la violación de la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, además de las numerosas víctimas lesionadas. Durante una jornada sobre Seguridad Vial, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, señaló que "el 93% de los ingresos a alcaidías en Mendoza se debe a la infracción del artículo 67bis, es decir, por conducir con más de un gramo de alcohol en sangre".

En cuanto a la vacunación, el proyecto también subraya que es un bien social y garantiza el acceso gratuito a los servicios de vacunación. La negativa infundada a la vacunación puede llevar a la reaparición de enfermedades erradicadas como la poliomielitis. La ley busca que el sistema de salud pública enfrente las consecuencias de conductas que infringen normas, perjudicando a la comunidad y desviando recursos que podrían destinarse a quienes cumplen con las leyes.

Franco Ambrosini (UCR) afirmó que "esta ley faculta al Ministerio de Salud y Deportes, a través del ente recaudador REFORSAL, a cobrar y recuperar las prestaciones de salud realizadas a aquellas personas que, por su conducción en contra de la Ley 9024, generen perjuicios al sistema de salud de la provincia".

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