Confirmaron las duras penas que deberán pagar los saqueadores de supermercados de Mendoza

El Ministerio Público del Este, junto con su contraparte en la primera Circunscripción Judicial (Gran Mendoza), ha iniciado el proceso de imputación de los detenidos relacionados con los saqueos en supermercados durante el fin de semana.

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 Aquellos individuos que incitaron, planificaron o llevaron a cabo estos actos ilícitos están siendo enjuiciados de acuerdo a la gravedad de las acusaciones en su contra, y algunos de ellos serán trasladados a la prisión en las próximas horas.

La fiscal Mariana Gutiérrez de Rivadavia fue la primera en definir las investigaciones que abarcan los días jueves 17 y viernes 18. Ella imputó a los tres primeros detenidos bajo cargos de "instigación pública para cometer delitos específicos agravados por la intención de aterrorizar a la población". Los individuos en cuestión han sido identificados como Leonardo Brian Gil Arce, Tiago Jesús Cornejo Sosa y Cristian Ferreyra Rodríguez.

Por otro lado, el fiscal Fernando Giunta, encargado de los casos ocurridos principalmente en Guaymallén y Las Heras, tiene bajo su jurisdicción a 28 personas involucradas en actos similares en distintas localidades. Entre ellas, 17 son menores de edad y serán llevadas a la Comisaría del Menor, con la intención de que regresen a sus hogares.

Sin embargo, la situación es más complicada para otros 11 individuos. Cuatro de ellos fueron sometidos a declaraciones informativas y quedarán en libertad el próximo lunes o martes. Los restantes han sido acusados por el fiscal Giunta de "robo agravado en poblado y en banda", además de la participación de un menor. En estos casos, se ha ordenado su detención.

En el ámbito oriental, las pruebas que han impulsado la instrucción y el proceso judicial han sido principalmente audios y conversaciones de WhatsApp que se han presentado en las últimas horas. 

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Estos materiales, junto con otros en proceso de análisis, revelan que la acción de los tres individuos mencionados tenía como objetivo "generar un miedo excesivo e incontrolable en la comunidad". 

En esencia, la fiscal Romero sostiene que la creación de un grupo en esta aplicación tenía como fin evidente instigar los saqueos.