Dramático giro en la causa de los venezolanos fallecidos en Mendoza
En un fallo reciente, la Justicia rechazó el pedido de indemnización de los familiares de Carmen Tovar Nacuare y su hijo Valentino González Tovar, ciudadanos venezolanos que fallecieron en un alojamiento turístico de Mendoza en 2022 debido a una intoxicación por monóxido de carbono.
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Aunque ya habían recibido una compensación por parte de las empresas responsables, los demandantes intentaron obtener una segunda indemnización del Estado, pero el tribunal desestimó el reclamo al considerarlo irregular.
El trágico episodio ocurrió el 9 de enero de 2022 en un departamento alquilado a través de la plataforma Airbnb en el hotel Reina Victoria. Carmen y Valentino murieron, mientras que un niño de seis años logró sobrevivir.
El revés inesperado en la causa de los venezolanos fallecidos por monóxido de carbono
La Policía los encontró tras la alerta del personal de limpieza, que notó que los huéspedes no respondían. Luego, se confirmó la presencia de una fuga de gas.
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Durante la investigación se descubrió que una de las víctimas había logrado comunicarse con el 911 antes de perder el conocimiento. Sin embargo, la operadora no envió una ambulancia y solo les sugirió dirigirse a distintos hospitales. La inacción del servicio de emergencias fue uno de los principales argumentos de los familiares para demandar al Estado provincial por una suma superior a los 389 millones de pesos.
No obstante, el Cuarto Juzgado de Gestión Asociada determinó que los damnificados ya habían sido indemnizados previamente por los responsables del alojamiento, quienes pagaron 135.000 dólares en concepto de daños y perjuicios.
Según la sentencia, al omitir esta información en su demanda contra el Estado, los querellantes intentaban obtener un resarcimiento doble, lo que constituía un "enriquecimiento indebido".
La Fiscalía de Estado denunció la maniobra como una posible estafa procesal, dado que los mismos abogados que participaron en la mediación privada impulsaron luego el juicio contra la Provincia sin mencionar el acuerdo previo. En una audiencia posterior, los demandantes se vieron obligados a presentar el convenio firmado con la plataforma Airbnb y el dueño del hotel, José Mansur.
El fallo judicial cerró la posibilidad de una segunda compensación y generó debate sobre la responsabilidad del servicio de emergencias en la tragedia. Aunque se reconoció la omisión del 911, la Justicia determinó que el Estado no debía responder económicamente ante un reclamo que ya había sido indemnizado por los privados.
