Suarez irá a la Justicia contra Mansur por una importante denuncia en Godoy Cruz

Un largo enfrentamiento entre el Gobierno y el vicepresidente de Godoy Cruz Antonio Tomba, José Mansur, ha escalado hasta el ámbito judicial. 

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Por resolución de Rodolfo Suarez, la asesoría gubernamental ha emprendido acciones legales en contra de José Eduardo Mansur por el alquiler de un local propiedad del empresario, que anteriormente albergaba la oficina de Sanidad Policial del Ministerio de Seguridad.

Según investigaciones realizadas por diferentes medios locales, durante los últimos 12 años, el Ministerio de Seguridad ha estado alquilando a Mansur el edificio ubicado en la calle Rivadavia y Beltrán, en Godoy Cruz, que había sido utilizado para alojar la división de Sanidad Policial. Este lugar ha sido visitado por los oficiales cada vez que sufren accidentes en el cumplimiento de su deber o enfrentan enfermedades; allí se llevan a cabo exámenes médicos y psicológicos de diversa índole.

Hace aproximadamente un año, con la colaboración del municipio de Godoy Cruz que proporcionó un terreno en la calle Las Tipas, el Gobierno decidió reubicar la sede de Sanidad Policial en dicho lugar. En consecuencia, el Gobierno notificó a Mansur que el arrendamiento del inmueble en la calle Rivadavia dejaría de estar en efecto, en el cual él pagaba $340,000 al mes en concepto de alquiler.

No obstante, al intentar el Ministerio poner fin al contrato de arrendamiento y devolverle las llaves a Mansur, este último se negó a aceptarlas, alegando que el inmueble no estaba en las mismas condiciones en las que lo había entregado, y que necesitaba llevar a cabo costosas reparaciones.

"Al no aceptar las llaves, le propusimos que identificara los aspectos que requerían arreglo o que sugiriera un monto para llevar a cabo dichas reparaciones, de manera que el Estado pudiera considerar las acciones a tomar", comentaron fuentes pertenecientes al Ministerio de Seguridad.

Este desacuerdo dio origen a un fuerte conflicto. Según fuentes del Ministerio de Seguridad, el empresario habría demandado $50 millones para cubrir el costo de las reparaciones, mientras que Mansur niega haber solicitado cualquier suma de dinero, asegurando que su única demanda fue que se le devolviera el local en el estado en que lo entregó.

Esta discordia es el fundamento de las acciones legales emprendidas por Suarez en contra de Mansur, que se han publicado en el Boletín Oficial. El objetivo de la Asesoría de Gobierno es que el proceso de entrega formal de las llaves del inmueble sea llevado a cabo por el sistema judicial, y al mismo tiempo, se determine el monto apropiado para cubrir las reparaciones solicitadas por el empresario.

"Me adeudan alquileres desde 2022, y además se llevaron incluso los inodoros" Sin tener conocimiento de las acciones legales emprendidas en su contra por el Gobierno, José Mansur, empresario y vicepresidente de Tomba, amplió sus demandas contra el Ministerio de Seguridad.

"Por un lado, aún están pendientes los pagos de alquiler desde abril de 2022, desde ese momento no he recibido ningún pago. Pero lo que realmente reclamo es que me devuelvan el inmueble en las mismas condiciones en las que lo alquilé. En ese local, anteriormente funcionaba una empresa minera que incluso tenía una central telefónica, y ahora está en un estado deplorable. Tiene todos los vidrios rotos, han saqueado incluso los inodoros, no tiene puertas, han robado los aires acondicionados, ni siquiera se puede tocar el timbre debido a que también lo han robado", explicó el empresario notablemente molesto por el estado del inmueble que había arrendado a Seguridad.

Mansur enfatizó que nunca solicitó al Ministerio encabezado por Raúl Levrino ningún monto para llevar a cabo reparaciones; simplemente espera que el Estado asuma la responsabilidad de cubrir los daños del inmueble.

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el Boletín Oficial

"Instrúyase a Asesoría de Gobierno para que en representación de la Provincia de Mendoza inicie las acciones legales pertinentes contra el Sr. José Eduardo Mansur", comienza el texto. 

Luego de una breve aclaración que sitúa a Rodolfo Suarez, al momento de disolver el vínculo, "el señor Mansur manifiesta su disconformidad por algunos detalles de las instalaciones (central telefónica, teléfonos, aparatos de aire acondicionado, etc.) manifestando que no recibirá el inmueble y confeccionará un acta ante escribano público". 

En ese panorama, el Boletín refleja: "El Código Civil y Comercial de la Nación en su Artículo N° 1222 reza: 'En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. En caso de negativa o silencio frente al requerimiento por parte del inquilino a efectos de que se le reciba la llave del inmueble, éste puede realizar la consignación judicial de las mismas, siendo los gastos y costas a cargo del locador. En ningún caso se adeudarán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación fehaciente realizada al locador a efectos de que reciba las llaves del inmueble, siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la misma, o desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de la llave si la consignación se hubiese iniciado después del vencimiento de dicho plazo'".

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Ante esto, el inicio de acciones legales contra Mansur es "a fin de realizar la consignación judicial de las llaves del inmueble sito en calle Rivadavia 902, del Departamento de Godoy Cruz, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes".