El Senado mendocino sancionó un proyecto que cambiaría totalmente las causas penales
El Senado de Mendoza otorgó sanción definitiva a la reforma del Código Procesal Penal, un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de agilizar los tiempos judiciales y fortalecer la transparencia en los procesos penales. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue aprobada por 19 votos a favor y 17 en contra, quedando a la espera de su promulgación.
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El senador Walther Marcolini defendió la reforma durante el debate legislativo, destacando que los cambios se enfocan en la etapa de investigación penal preparatoria. Se introdujeron modificaciones a varios artículos del Código, incluyendo la creación del artículo 362 bis, que establece un mecanismo de resolución para discrepancias entre el fiscal y el juez de garantías. Además, se ajustaron normas sobre apelaciones, criterios de admisión de pruebas y tiempos procesales para evitar dilaciones innecesarias.
Entre los cambios más relevantes, se reformó el artículo 22 para reducir demoras en la investigación, mientras que el artículo 201 fijó plazos específicos para plantear nulidades.
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El artículo 346 otorgó al fiscal la facultad de archivar causas, sujeto a revisión judicial, y el artículo 347 reforzó el control sobre pruebas rechazadas. También se estableció que si un juez no acepta un sobreseimiento propuesto por el fiscal, el caso deberá ser revisado por un fiscal adjunto y, en última instancia, por un fiscal subrogante.
Desde el oficialismo, se sostuvo que la reforma busca optimizar los tiempos del proceso penal y garantizar mayor seguridad jurídica. Sin embargo, la iniciativa no contó con el respaldo unánime en la Legislatura.
Los senadores Adriana Cano (PJ), Dugar Chappel (Partido Verde), Armando Magistretti (La Libertad Avanza) y Ariel Pringles (Unión Mendocina) manifestaron su desacuerdo y votaron en contra.
El proyecto fue elaborado en conjunto por el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una modernización del sistema judicial iniciada en 2016. Con estos cambios, el Gobierno provincial pretende reforzar la diferenciación entre la investigación y el juicio, asegurando que la recolección de pruebas no se convierta en un obstáculo para la resolución de los casos.
Desde el oficialismo, sostienen que esta reforma es un paso más hacia un sistema más eficiente, basado en la oralidad, la inmediatez y la publicidad de los procesos. Su implementación buscará consolidar una justicia penal más ágil y confiable en Mendoza.
