Lourdes Arrieta publicó los polémicos proyectos para liberar a los genocidas

La legisladora mendocina de La Libertad Avanza dio a conocer los documentos mediante los que pretendían excarcelar a los represores.

Lourdes Arrieta, legisladora nacional por La Libertad Avanza (LLA), causó un gran revuelo tras difundir información comprometida sobre los intentos de su propio partido para liberar a represores de la última dictadura militar.

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Luego de haber revelado chats que muestran la visita de diputados libertarios a genocidas presos, Arrieta continuó con su arremetida, divulgando proyectos de ley y un decreto presidencial que buscan la libertad de aquellos detenidos por delitos de lesa humanidad.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, la mendocina compartió detalles sobre los documentos que, según ella, pretendían imponer desde su bloque político.

 

Estos textos buscan que el presidente de la Nación, Javier Milei, firme un decreto que obligue a los jueces a liberar a los genocidas que han estado detenidos por más de 25 años.

Como si esto no fuera poco, estos documentos fueron elaborados en el seno del grupo de WhatsApp de los diputados de LLA, como parte de un plan para consolidar nexos con los represores encarcelados.

"Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas", posteó la legisladora.

El decreto en cuestión, que Lourdes Arrieta hizo público, establece que, independientemente del criterio judicial sobre el "plazo razonable" para el juzgamiento, se fijará un límite máximo de 25 años para la duración de un proceso penal.

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El documento también introduce una cláusula particular que generó controversia. Propone que el cómputo de los 25 años se interrumpa en caso de que la democracia sea interrumpida en la Nación, es decir, si se produce una deposición ilegal de las autoridades de los tres poderes del Estado. 

La cláusula fue interpretada como una medida preventiva para evitar que las futuras interrupciones democráticas puedan influir en la liberación de genocidas.

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