Equiparación en Poder judicial: promulgan la ley y quedarían afuera de la Justicia mendocina reconocidos referentes

El gobierno de la provincia promulgó este viernes la Ley 9230 con la cual busca suprimir todos los cargos de funcionarios equiparados a magistrados existentes en la planta de personal del Poder Judicial, con excepción de aquellos que han sido cubiertos o asignados para el desempeño de otras categorías y siempre que se hayan estado cumpliendo las funciones jurisdiccionales al 1 de febrero de 2020.

Esto implica que, los empleados que hubieran sido designados para cubrir los cargos que ahora se suprimen, volverán a la situación de revista escalafonaria que tenían en forma previa a dicho nombramiento. En el caso de los agentes que no posean cargos en planta permanente de la administración pública provincial, o que no continúen vinculados al Poder Judicial en la planta temporaria, la norma establece pasarlos a disponibilidad.

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La ley fue presentada en el marco de una denuncia contra la secretaría del exjuez Jorge Nanclares (recientemente jubilado) quien cobraba un abultado salario equiparable al de un magistrado de la Corte. Con esta ley el ejecutivo provincial prometió eliminar las desigualdades y remover a funcionarios que no habían concursado por sus cargos. En principio alcanzaba a unos 80 agentes del Poder Judicial que se encontraban en esa condición.

Pero hasta el momento los cargos afectados solo serían 12, y según el testimonio de uno de los damnificados, la acción del ejecutivo, no es más que una nueva avanzada del poder político sobre el judicial.

En ese marco aseguran que la aplicación de la Ley no significará ningún ahorro para la caja del estado ya que la misma crea un gabinete (que hoy no existe) que le da cada magistrado la posibilidad de nombrar hasta 5 relatores para cada uno. Cabe destacar los ministros de la corte son siete.

Por otro lado, los alcanzados por esta nueva Ley afirman que es discriminatoria y que apunta a desarticular un área sensible como es la de Derechos Humanos, donde quedarían cesantes su directora, Milagros Noli (con concurso aprobado), y la subdirectora de Derechos Humanos y representante argentina en el Tribunal Internacional contra Monsanto, Elonora Lamm.  Es una reconocida jurista a nivel internacional en temas de Ecocidio quien perderá su cargo sin mediar un sumario y con un concurso aprobado.

DEMANDAS CONTRA EL ESTADO

Según fuentes judiciales consultadas por este diario, los agentes afectados ya están preparando demandas individuales y colectivas contra la ley por considerarla inconstitucional y discriminatoria. Esto último, porque creen que se ha aplicado de forma arbitraria excluyendo a funcionarios afines al gobierno, puntualmente, al exdiputado radical Jorge Albarracín, quien juró en febrero pasado para asumir el cargo de secretario de la Junta Electoral de la provincia.

Además, indican que el cargo equiparado lo tuvo también la actual ministra Teresa Day, antes de la ley 8008, algo que la ley 9.230 y sus fundamentos consideran irregular e ilegal. Pero este criterio no fue tenido en cuenta al momento de su postulación.