Bullrich inició el procedimiento para sacarle la custodia a Fabiola Yáñez: "De inmediato"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió con celeridad al pedido del presidente Javier Milei de retirar la custodia oficial a Fabiola Yañez, quien reside actualmente en España. "Presidente, ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia", declaró Bullrich en su cuenta de X, reafirmando su compromiso con la solicitud presidencial.

Milei usó su cuenta de X para pedirle a Bullrich retirar la custodia a Fabiola Yáñez

Milei expresó públicamente su postura en la misma red social, donde afirmó: "Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura". Según el mandatario, mantener una custodia para la ex primera dama y expareja del expresidente Alberto Fernández carece de sentido, especialmente en el contexto de austeridad que busca imponer su gobierno.

El pedido se produce en medio de una disputa legal entre Yañez y Fernández por presunta violencia de género, lo que agrega un componente sensible al caso. 

Además, se reavivó la controversia luego de la difusión de imágenes de Yañez celebrando el Año Nuevo en el exclusivo restaurante La Única, en Madrid, acompañada de custodios oficiales y de quien sería su nueva pareja.

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Desde el Ministerio de Seguridad, fuentes cercanas informaron que el informe solicitado por Milei ya está en proceso de elaboración y será presentado a la Justicia en los próximos días. Este documento será clave para determinar si procede la eliminación de la custodia, cuyo costo mensual asciende a 36.000 dólares, un gasto que el gobierno considera innecesario.

Paralelamente, el oficialismo busca dar un paso más con un proyecto legislativo impulsado por la diputada Marcela Pagano. 

La iniciativa pretende modificar el Decreto 735/2023, firmado por Alberto Fernández antes de concluir su mandato, que establece beneficios de custodia para exmandatarios y sus parejas en el exterior. La propuesta busca eliminar esta prerrogativa para ajustarla a los principios de austeridad promovidos por el Ejecutivo actual.

La Justicia ahora deberá evaluar el pedido del Ejecutivo y decidir si procede con el retiro de la custodia oficial. Este caso podría sentar un precedente sobre el uso de recursos públicos para la protección de exfuncionarios fuera del país.