Chubut se presentó ante un juzgado Federal y recrudece la pelea con el Gobierno
El Gobierno de Chubut ha decidido tomar acción legal ante la Justicia Federal para reclamar los más de 13 mil millones de pesos que el Estado nacional adeuda a la provincia por concepto de fondos de coparticipación. Este movimiento se produce en medio de una intensa disputa política entre el presidente Javier Milei y el gobernador de esa provinca Ignacion Torres.
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La presentación oficial, identificada con el número 1.168, se realizó ante el juzgado federal de Rawson 1 en lo civil y comercial, bajo el título de "provincia del Chubut c/ Estado Nacional s/ medida autosatisfactiva". La solicitud busca una solución urgente a la situación.
Paralelamente, desde el gobierno de Ignacio Torres anunciaron que también se presentarán ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la competencia originaria de dicho tribunal es aplicable en casos donde un Estado demanda a otro, como es el presente caso.
Se trata, en principio, de una cuestión administrativa en la que el juzgado asignado deberá determinar si la provincia de Chubut tiene razón en su reclamo.
Por otro lado, el Gobierno nacional confía en resolver la disputa con el gobernador Ignacio Torres a través del sistema judicial. Consideran que la retención de parte de los fondos coparticipables se debe al incumplimiento por parte del gobierno provincial de Mariano Arcioni en el pago de una deuda que asciende a $119 mil millones. Además, califican las acusaciones del mandatario provincial como "una amenaza sin fundamento".
En su conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo referencia a la tensión por los fondos coparticipables y afirmó que "el Gobierno nacional no tolerará más caprichos de ningún tipo".
Respecto a las declaraciones del gobernador Torres sobre la posibilidad de suspender el suministro de combustible, Adorni enfatizó que "tener esa intención no solo atenta contra el Gobierno nacional, sino contra todos los argentinos".
En este contexto, Adorni destacó la necesidad de que los actores políticos asuman su responsabilidad y actúen en consecuencia, reafirmando la postura del Gobierno nacional de no ceder ante lo que consideran intentos de presión injustificados.