Contra las marchas: el Gobierno identificó a hinchas y prohibirá que vayan a la cancha
El Gobierno aplicará el derecho de admisión a 26 hinchas implicados en los disturbios durante la marcha de los jubilados. Se trata de una parte de los detenidos por las fuerzas federales tras los incidentes en la Plaza del Congreso.
El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, tiene lista la resolución para imponer la restricción de Concurrencia Administrativa a eventos deportivos. Según informó TN, la medida excluye a dos extranjeros y dos menores.
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El Ejecutivo revisó las imágenes de las cámaras de seguridad y analizó las conexiones de los manifestantes detenidos para determinar su relación con las barrabravas. Desde Nación anticipan que podrían extender la restricción a los detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Hinchas apoyando a los jubilados.
Fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señalaron que aplicarán el derecho de admisión a sus detenidos una vez que sean imputados por la Justicia. Se trata de 94 manifestantes, algunos de los cuales fueron liberados por la jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15.
El Gobierno denunció penalmente a los barras y militantes detenidos, acusándolos de "asociación ilícita, sedición y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática". Además, solicitó que se declare incompetente a la jueza que ordenó las liberaciones.
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En su presentación, incluyó información sobre presuntas reuniones previas en municipios gobernados por Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Fernando Espinoza (La Matanza). También apuntó contra Leandro Capriotti, miembro de una agrupación de hinchas de Chacarita, a quien vinculan con Luis Barrionuevo.
La Casa Rosada confirmó que enviará al Congreso un proyecto para declarar a las barras bravas como organizaciones criminales. La iniciativa contempla penas de dos a cuatro años de prisión para quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo.
El texto también prevé sanciones de hasta seis años de cárcel para dirigentes que entreguen entradas a las barras y busca desmantelar negocios ilegales ligados al fútbol, como el manejo de estacionamientos por parte de trapitos en los estadios.
