Echaron a una empleada judicial tras tomarse 400 días de licencia
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro decidió despedir a una empleada judicial tras una auditoría interna que mostró serias irregularidades. Entre 2019 y 2023, acumuló más de 400 días de licencia mientras estaba registrada como trabajadora activa en otras dos instituciones públicas. Esta medida fue tomada el 12 de febrero de 2025.
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La investigación, que comenzó en mayo de 2024 por orden del coordinador de Recursos Humanos de la Procuración General, Esteban Aliani, se inició tras detectar un patrón de ausencias frecuentes justificadas con certificados médicos y licencias extraordinarias. Además, se descubrió que la empleada, Paula P., se mudó a Neuquén durante la pandemia sin informar oficialmente ni dejar su trabajo en el Poder Judicial de Río Negro.
Por otro lado, se confirmó que Paula P. también recibía ingresos como trabajadora en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados. Esto va en contra de las normas de incompatibilidad laboral en el sector público y viola ciertos artículos de la Ley Orgánica 5731 y de la Ley de Ética Pública L3550.
En su defensa, Paula P. dijo que no conocía las regulaciones y presentó razones personales como justificación. Sin embargo, el informe final del sumario no aceptó estas explicaciones, señalando que su comportamiento ponía en riesgo la integridad de su cargo y afectaba negativamente al erario.
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Debido a la gravedad del asunto, el Superior Tribunal decidió no solo despedirla, sino también remitir el caso a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para ver si se debería iniciar una causa penal por el posible daño económico al Estado, por los pagos que recibió durante sus prolongadas ausencias injustificadas.
Este caso reabre el debate sobre el control de las incompatibilidades en la administración pública y muestra la falta de sistemas eficientes para detectar irregularidades que pueden durar años sin ser descubiertas. También plantea preocupaciones sobre la transparencia y el cumplimiento de las normas éticas en el servicio público.