El gobierno denunció al "Rey del tabaco" por un crimen por el que está condenada CFK
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, llevó ante la Justicia Federal una denuncia contra Pablo Otero, el director de Tabacalera Sarandí, por supuestas maniobras de lavado de dinero. Este informe judicial, respaldado por un exhaustivo análisis de fiscalización, alega que la empresa habría simulado operaciones comerciales para blanquear activos de origen ilícito entre 2021 y 2023.
Seguí leyendo:
¿Quién es el comunicador mendocino que podría reemplazar a Adorni como vocero presidencial?
La denuncia, firmada por Felicitas Achábal, quien es la jefa interina de la División Penal Tributaria de ARCA, sostiene que la tabacalera vendió cigarrillos por más de 33.600 millones de pesos a 23 distribuidores mayoristas que tienen un "perfil fiscal irregular y carecen de capacidad operativa real".
Estas empresas habrían emitido facturas a precios que coinciden con los de compra y vendido los productos a consumidores no identificados, lo que sugiere una "posible simulación de actividad comercial".
La operación denunciada incluye el uso exclusivo de efectivo en las transacciones, una táctica que dificulta el seguimiento de los fondos. Además, el organismo identificó "patrones atípicos en la emisión de comprobantes" y "ausencia de pagos tributarios", lo que intensifica la sospecha de que se ha montado una estructura para el blanqueo de dinero a gran escala.
Seguí leyendo:
Descuentos en supermercados: el nuevo beneficio del Banco Nación
"Los vendedores mayoristas presentan un perfil fiscal irregular y una notable falta de capacidad operativa, económica y financiera para llevar a cabo el negocio", se detalla en la denuncia, que cuenta con la representación legal de los abogados Matías Gentile Brezigar y Vanina Mariel Vidal. La hipótesis oficial sugiere que estas firmas funcionaban como "usinas" de lavado, integrando efectivo de origen delictivo al circuito financiero formal bajo una apariencia legal.
La denuncia se fundamenta en los informes elaborados por la División Fiscalización Externa II de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes Nacionales. A partir de estos análisis, ARCA ha iniciado una investigación interna centrada en verificar la autenticidad de las operaciones facturadas y el trazado completo del circuito financiero.