El kirchnerismo busca que los jueces paguen Ganancias: la fuerte cifra que ingresaría al Estado
Este jueves, diputados del kirchnerismo y algunos del radicalismo durante el debate del proyecto del Presupuesto 2023 sumaron una polémica candente que lleva años sin resolverse: el cobro del impuesto a las Ganancias a todos los jueces.
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De esta manera, el oficialismo incorporó un artículo en el proyecto de Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, con lo cual se podrían sumar 237.000 millones de pesos a las arcas públicas. "Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor", coincidió el diputado Itai Hagman del Frente Patria Grande.
%uD83E%uDDD1%uD83C%uDFFB%u200D%uD83C%uDF93 QUE LOS JUECES PAGUEN GANANCIAS. Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias, y los Jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $ 1.000.000 o $ 2.000.000 mensuales no pagan. El Presidente de la Nación y sus Ministros, y los Legisladores, PAGAMOS pic.twitter.com/3FQ3tI3gjt
— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) October 20, 2022
Dicha solicitud fue realizada por uno de los secretarios de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto (FDT), quien señaló que "hay que modificar, dentro del rubro de gastos tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales.
En su argumento, el diputado del Frente de Todos explicó que la exención de los impuestos de los magistrados nacionales y provinciales tuvieron un costo fiscal de $ 55.000 millones en 2021 y se elevará a $ 129.000 millones este año mientras que para 2023 llegaría a $ 237.000 millones.
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"Apoyamos absolutamente la propuesta que hizo el diputado Casaretto, creo que habría que instrumentarlo con todos los resguardos para que se pueda hacer, ya hubo muchos intentos y después se retrocede", afirmó el diputado nacional por Mendoza, Lisandro Nieri (UCR).
El pago de Ganancias para todos los magistrados que asumieron a partir del 1º de enero de 2017 había sido establecido por la Ley 27.346, impulsada por el diputado y consejero del PRO Pablo Tonelli y sancionada en diciembre de 2016.
