Empresa privada reconoció que dio sobornos millonarios durante los gobierno de Cristina y Macri
Una empresa de seguridad privada admitió ante la Justicia Federal haber pagado sobornos millonarios para mantener contratos con diversas empresas estatales, incluyendo el Senasa y el Renaper.
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La empresa implicada es Securitas Argentina SA, y la investigación está a cargo de la jueza federal Sandra Fernández Arroyo y el fiscal federal Fernando Domínguez. Recientemente, nueve ex directivos de la compañía fueron detenidos mientras se llevaban a cabo unos 50 allanamientos en diferentes puntos del país.
[POLÍTICA] La empresa de seguridad privada Securitas admitió el pago de coimas para quedarse con la custodia del Renaper, el SENASA y Aysa, entre otras dependencias públicas: fue desde 2014 a 2018, y la jueza federal Arroyo Salgado ya ordenó las detenciones de 9 exdirectivos. pic.twitter.com/Y5VoUEShcp
— ElCanciller.com (@elcancillercom) April 18, 2024
La investigación se inició en febrero de 2020 a raíz de una denuncia realizada por directivos de la misma empresa contra ex ejecutivos que habrían pagado sobornos para mantener contratos y cobrar deudas por servicios prestados a varias empresas públicas.
Entre estas empresas se encuentran el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Aeropuertos Argentina 2000, Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), la Contaduría General del Ejército, organismos del Ministerio de Seguridad de la Nación como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y la Agencia Nacional de Materiales Controlados, entre otros.
En el momento de la denuncia, la compañía ofrecía servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación y tenía su sede en Estocolmo, Suecia.
La filial argentina fue adquirida por inversores argentinos y latinoamericanos, quienes se distanciaron de las acciones tomadas por la gestión anterior. Además, emprendieron una investigación interna tras la denuncia de una ex empleada.
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En dicha investigación interna, la compañía identificó conductas que podrían ser delictivas, como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel. Funcionarios públicos de diversos niveles habrían estado involucrados entre 2016 y 2018.
No obstante, la investigación judicial abarca el periodo entre 2012 y 2018, cubriendo los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.
