Este es el pedido que hizo Gerardo Morales tras enterarse que Milagro Sala seguirá tras las rejas
La Corte Suprema dejó firme una condena a 13 años de contra Milagro Sala, y el gobernador jujeño Gerardo Morales pidió que vaya a una cárcel común.
Los magistrados que integran el máximo tribunal ratificaron la condena dictada por el Tribunal en lo Criminal número tres de Jujuy, que determinó además la "inhabilitación absoluta por el mismo término" para Sala por los delitos de "asociación ilícita, en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión, en calidad de coautora".
La condena detalla que Milagro Sala implementó "un sistema de recaudación ilegal a costa del erario público, en el marco de programas federales y provinciales de construcción o mejoramiento de viviendas, que tuvo por finalidad el injusto provecho de la jefa e integrantes de la asociación ilícita".
«Antes de indultar a Sala, que me peguen un tiro en la cabeza»
En el fallo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti consideraron que no se encontraba habilitada la instancia de la Corte Suprema para la revisión del fallo.
De todos modos, analizaron las conclusiones de todas las instancias previas y dejaron de lado los planteos del defensor de la líder de la Túpac Amaru.
El fallo especifica que la defensa de Milagro Sala "no se hizo cargo de controvertir los argumentos esgrimidos por los tribunales locales para desestimar los agravios referidos a la presunta vulneración al derecho de defensa en juicio, derivados del rechazo de parte de la prueba ofrecida, la indeterminación de la imputación en su contra y la infracción del principio de congruencia".
La Corte Suprema le quitó importancioa al caso de Milagro Sala, en términos políticos: "tampoco se halla configurada la gravedad institucional alegada, en tanto este planteo no cuenta con un desarrollo suficiente con relación a la existencia de un interés que exceda el individual de la parte y afecte de manera directa al de la comunidad o el funcionamiento de las instituciones básicas de la Nación".
La Corte tomó por válidas todas las pruebas utilizadas en las instancias anteriores para dictar la condena y sostuvo que los cuestionamientos planteados por la defensa de la dirigente social jujeña son "meras discrepancias" con lo resuelto.
La Corte también le creyó a los testigos de cargo que declararon a lo largo del proceso y que fueron objetados por Sala.
"La crítica (de la defensa) importa un cuestionamiento dogmático a la credibilidad de los testigos cuyos dichos fueron tomados en cuenta, la que resulta insuficiente", agregaron.
Esas posturas de la defensa de Sala se basaron "en una aseveración unilateral que por un lado no se ajusta -por falta de correspondencia- a los concretos fundamentos del fallo apelado, ni tampoco los refuta por omitir toda crítica al respecto".
"Es un criterio sostenido por esta Corte que la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas", expresaron los magistrados al profundizar en por qué no debían adentrarse en la revisión de los decidido por la Justicia de Jujuy.
"Pónganle el nombre que quieran: preso político o detención arbitraria, pero resuelvan"
"Los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales que son llevados a su conocimiento no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, salvo que se demuestre una lesión a un derecho de raigambre federal o que la sentencia, por sus graves defectos de fundamentación o razonamiento, no constituya una derivación razonada del derecho vigente", lo que -según los jueces- no ocurrió en este caso.
"Esa mera discrepancia con lo resuelto elude rebatir los argumentos que convalidaron esos hechos, suficientemente determinados por los jueces de la causa por medio de las declaraciones de quienes se tuvo por probado fueron sus víctimas, la de otros testigos y por prueba documental", justificaron.
En tal sentido, asignaron especial valor probatorio contra Sala a "los cheques y facturas involucrados en estos hechos- de la que también surgían los datos fácticos relevantes".
Una vez conocido el fallo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que pedirá que Sala vuelva a cárcel común. La líder de la organización Tupac Amaru actualmente cumple prisión domiciliaria.
El presidente de la UCR nacional también dio a conocer una carta abierta contra el kirchnerismo, al que acusó de instalar "la cultura de la degradación social en nuestro país, a partir de la impunidad, la corrupción y la violencia".
En la misiva, Morales dijo que el fallo de la Corte "confirma la desarticulación definitiva del estado paralelo que el kirchnerismo había instalado en Jujuy y que todavía existe a nivel nacional, de la mano de algunas organizaciones que manejan millonarios presupuestos en beneficio propio".
Y agregó que el fallo "ratifica la paz social lograda y la convivencia democrática en Jujuy" y "llama la atención al sistema asistencialista que consolida los niveles de pobreza y que día a día destruye la cultura del Esfuerzo y el Trabajo".
"El único modelo capaz de terminar con la pobreza es el de la generación de trabajo decente a partir de una transformación productiva", agregó Morales en tono de campaña. "Estoy convencido que este es el camino que tiene que transitar la Argentina para concretar la gran transformación sobre la base de la Cultura del esfuerzo y el trabajo que está en el ADN de nuestro Pueblo", completó.
