Filtraron nuevos fragmentos del supuesto fraude millonario de Alberto Fernández

Alberto Fernández enfrenta momentos turbulentos desde que salió a la luz el escándalo de Nación Seguros. 

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El exmandatario se encuentra entre los principales implicados en el caso donde la aseguradora estatal, mediante un decreto presidencial, obligaba a las entidades públicas a contratar pólizas, generando comisiones para intermediarios como Alberto Pagliano y Héctor Martínez Sosa, vinculados directamente al presidente del Partido Justicialista a nivel nacional.

Aunque la lista de involucrados en este caso de corrupción es extensa, la atención se centra en Pagliano, exdirector de Nación Seguros, y Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández durante 30 años, María Cantero.

La relación entre el dirigente peronista, Pagliano y Martínez Sosa, se remonta a los años 90, cuando Fernández asumió en el Banco Provincia de Buenos Aires y posteriormente lideró el Grupo Bapro, que manejaba Nación Seguros.

El expresidente fue imputado por el fiscal Ramiro González por presuntas irregularidades en la contratación de seguros en la Anses, donde intermediarios recibían considerables comisiones. Fernández se defendió afirmando "no haber robado nada".

En 2021, ya como presidente, Fernández decretó que los organismos estatales contraten directamente pólizas de Nación Seguros, eliminando las licitaciones. Este cambio propició la intermediación de terceros, especialmente Martínez Sosa, quien se beneficiaba con comisiones.

Además, en muchos casos, se coaseguraban riesgos en otras empresas, generando una segunda operación y otra comisión para el intermediario. Investigadores señalan que estos acuerdos se realizaban mediante documentos interministeriales y, en ocasiones, ganaban licitaciones por precio directo.

Pagliano, al liderar Nación Seguros, gestionaba principalmente pólizas facultativas, acuerdos específicos que se firmaban "por afuera" y se pagaban en dólares.

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Estos contratos incluían importantes acuerdos con YPF, Aerolíneas Argentinas, centrales hidroeléctricas en el extranjero y en dólares, así como seguros para autos estatales, edificios de dependencias públicas y viajes presidenciales.

Sin embargo, uno de los aspectos más destacados de la investigación es la comisión que se cobraba a jubilados y pensionados que obtenían créditos de la Anses, llegando en algunos casos al 10%. Mientras la causa avanza con el fiscal Ramiro González, el Gobierno determinó que la misma debe presentarse a través de la Oficina Anticorrupción.