Guillermo Francos aseguró que van a apelar el fallo de la Justicia sobre la repartición de alimentos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la política social del Ministerio de Capital Humano y anunció que el Gobierno apelará ante la Corte Suprema de Justicia la medida de la Cámara Federal que obliga al Ejecutivo a distribuir alimentos. 

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"Los alimentos se están repartiendo conforme a un plan. Pero hay una discusión sobre la actitud de la Justicia respecto a una decisión administrativa del Ejecutivo. El Gobierno seguramente va a apelar esta medida de la Cámara ante la Corte Suprema", aseguró Francos en declaraciones radiales.

Francos aclaró que el Ministerio de Capital Humano presentó un plan de distribución para evitar "caer en desobediencia" ante la Justicia. "Estos alimentos eran para situaciones de emergencia. No eran para distribuir entre los comedores, porque eso camina por otro andarivel. Ahí el Gobierno dinamizó la asignación universal e incrementó sus montos", explicó el funcionario, defendiendo así la gestión de la ministra Sandra Pettovello.

El jefe de Gabinete también apuntó contra Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, quien fue citado a declarar ante la Justicia por presuntas irregularidades en la entrega de facturas en el marco de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social. 

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"El Gobierno está haciendo política social de manera diferente a la que venía realizando. La Justicia detectó facturas truchas de este señor (Eduardo) Belliboni, que tanto protesta en los medios. Ese trabajo también lo hizo la ministra de Capital Humano. Separar la paja del trigo: esto es curro y esto es real", explicó Francos.

Francos enfatizó que la actual administración se enfocó en mantener y aumentar las ayudas sociales legítimas, mientras elimina las prácticas fraudulentas. "Lo que es real se mantuvo y se incrementó, y lo que es curro, se cortó. Por eso protestan, porque se cortó el curro", sostuvo el funcionario.

En sus declaraciones, Francos subrayó la diferencia entre la distribución de alimentos de emergencia y las políticas de asignación universal, destacando el esfuerzo del Gobierno en incrementar los montos asignados a través de programas sociales. 

Este enfoque busca asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, a la vez que se combate la corrupción y el fraude en la administración de ayudas sociales.

La apelación ante la Corte Suprema se presenta como un intento del Gobierno de reafirmar su autoridad administrativa y de proteger las decisiones ejecutivas frente a intervenciones judiciales. La medida también refleja el compromiso del Gobierno de garantizar una distribución justa y eficiente de los recursos destinados a la asistencia social.