Las universidades nacionales reclaman al Gobierno por su subsistencia
El gobierno liderado por Javier Milei continúa avanzando con su política de ajuste en las cuentas públicas, lo que ha generado preocupación y resistencia en diversos sectores, especialmente en el ámbito educativo.
Aerolíneas Argentinas tomó una llamativa decisión en relación a sus empleados
Es el caso de las universidades nacionales, las más afectadas por esta política de reducción presupuestaria, lo que ha llevado a declarar una situación de emergencia económica.
En un contexto de inflación descontrolada, que ha superado el 250% anual, el gobierno de Milei decidió asignar a las universidades nacionales el mismo presupuesto que en 2023, sin ningún tipo de incremento. Esta medida, considerada como un ajuste brutal, pone en riesgo el funcionamiento mismo de estas instituciones educativas.
Ante esta situación crítica, las autoridades de las universidades nacionales han advertido que, de no recibir un aumento inmediato en las partidas presupuestarias, podrían tener que cerrar sus puertas en tan solo dos meses.
Las Universidades Nacionales han recibido el mismo presupuesto que en 2023.
Para visibilizar la gravedad de la situación, se ha declarado la emergencia económica en las instituciones educativas.
A pesar de los intentos de diálogo por parte de las universidades, tanto a nivel individual como a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las conversaciones con la Secretaría de Educación no han tenido éxito.
La falta de sensibilidad y respuesta por parte de las autoridades superiores ha dejado a las universidades en una situación de desamparo.
Mientras se ahoga financieramente a las universidades, el gobierno de Milei ha detenido la creación de cinco nuevas instituciones universitarias, cuya puesta en marcha estaba prevista según leyes sancionadas en 2023. Esta medida agrava aún más la precaria situación del sistema educativo superior.
En la previa del discurso de Milei, "Molinetazo" en el subte y el tren porteño
La falta de corrección en las partidas presupuestarias podría llevar a las 57 universidades nacionales a no poder hacer frente al pago de salarios y servicios básicos, lo que pondría en riesgo el sustento de unos 300 mil trabajadores docentes y no docentes, así como el futuro educativo de 2 millones y medio de estudiantes.
Ante esta crisis, las autoridades universitarias están recurriendo a todas las instancias posibles para exigir una solución. Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín y presidente del CIN, ha expresado que están buscando diálogo con las autoridades pertinentes, pero hasta ahora no han recibido una respuesta satisfactoria.
En caso de no obtener una solución, están dispuestos a llevar su reclamo a instancias políticas superiores, incluyendo el Congreso, para garantizar el presupuesto universitario como un derecho fundamental.
