Los jardines más caros del mundo: se iban a construir 3000 y solo se terminaron 107
El Ministerio de Educación de la Nación realizó en el día de hoy una presentación ante la OA (Oficina Anticorrupción) para promover una investigación en relación a transferencias de recursos estatales por 62 millones de dólares en el marco del Programa denominado 3000 jardines impulsado en 2016 por el gobierno macrista.
De los 3000 jardines de infantes previstos sólo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107.
La información recabada por el Ministerio de Educación a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos, corresponde a irregularidades en 4 licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido, evidenciándose una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas.
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El 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a La UTE BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L - ESCARABAJAL INGENIERÍA S.R.L a pesar de haber recibido un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba que no tenía la capacidad operativa para absorber las obras.
Habiendo recibido transferencias por un importe total de U$S 61.920.462 sobre un total de U$S 92.357.315 que abarcaban los 4 contratos, ninguna de las 93 obras fue finalizada y por el bajo avance de las mismas, tras dos años de plazo, fueron rescindidas 53 de ellas que se encontraban entre un 50% y un 75% de avance, 19 registraban entre un 20% y un 49% de avance y 2 reconocían apenas un avance inferior al 20%. A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avance de estado promedio era del 11%.
Es decir, el monto total de los contratos superaba los 90 millones de dólares, y se desembolsaron 62 millones de dólares a lo largo del tiempo, lo que equivale, a la fecha, a casi 6000 millones de pesos. Más allá del bajo rendimiento de su labor, la UTE adjudicataria de la construcción de los establecimientos siguió recibiendo transferencias monetarias hasta fines del mes de julio de 2018.
Las irregularidades detectadas incluían abandono de las obras, deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes producto de vandalismo, cercos perimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia y responsables de obra en la mayoría de los casos con la consecuente pérdida de patrimonio para el Estado.
Otro dato llamativo se vincula a la modalidad de financiación anticipada por parte del Estado nacional: el anticipo financiero se estipulaba a través de los pliegos como el equivalente al 30% pero luego se sumó la posibilidad, a través de una circular aclaratoria, de solicitar en concepto de acopio de materiales en pie de obra, anticipos sin tope a solicitud de la UTE.
Las multas por incumplimiento, calculado a fines del mes de julio de 2018, ascendía a $78 millones pero más allá de los informes confeccionados al respecto no existió acto administrativo posterior para aplicarlas. Sólo se aplicaron por aproximadamente $7 millones.
