Negocian la liberación de 405 presos del penal de Devoto
En el acta firmada entre las partes, se acordó que se trabajará en unas 405 causas (de un total de 805) en las que las personas que permanecen presas estarían en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria, ya que se trata de condenas menores a los tres años.
El acuerdo, tras arduas negociaciones, se dió durante la tercera reunión que mantuvieron este jueves las autoridades con los presos en el penal de Devoto, tras el motín de la semana pasada, los internos reclamaron que participen en el próximo encuentro del miércoles 6 de mayo, todos los jueces de Ejecución Penal, y el secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Mena.
Habló el preso liberado que fue golpeado por un grupo de vecinos
Además, en el acta, se informó que 320 presos ya fueron externados de las cárceles federales, de un total de 1.280, que son las personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo de enfermarse de coronavirus.
Pedidos de los presos
Entre otros de los pedidos, y que también consta en el acta, los presos solicitaron la entrega de una mayor cantidad de elementos de higiene y prevención del Covid-19.
También se solicitó que se convoque a una referente del penal de mujeres de Ezeiza, ya que hasta ahora estaban fuera de la mesa.
Contagiados de coronavirus
En la cárcel federal de Devoto hay hasta el momento cuatro penitenciarios que se contagiaron de coronavirus y un preso, que permanecía internado en el Hospital Fernández, tras haberse caído el pasado viernes de uno de los techos del penal durante el motín y quebrarse el tobillo.
Las fuentes también informaron que dos días antes del motín, a un preso que se fue en libertad porque terminó de cumplir la condena, le dio positivo para Covid-19 el análisis que se le realizó.
De la mesa de diálogo de este jueves participaron el director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco; el juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Daniel Morin; la jueza Vilma Bisceglia, del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 2; Pablo Barbuto, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la nación; y el defensor público oficial Guillermo Todarello.