Polémica en La Rioja: la Justicia rechazó la renuncia de la jueza que pedía coimas
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja tomó la decisión de rechazar la renuncia presentada por la jueza Norma Abate de Mazzuchelli, quien enfrenta acusaciones de corrupción por presuntamente solicitar coimas.
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La denuncia, revelada por Telenoche Investiga, señala que la magistrada habría exigido 8 millones de pesos a cambio de agilizar un expediente de sucesión. Ante esta situación, el caso será tratado por un jury de enjuiciamiento.
La renuncia de Abate de Mazzuchelli fue presentada este jueves, tras la exposición pública de las acusaciones en su contra. Sin embargo, el rechazo de su dimisión implica que el proceso continuará y será abordado por la Cámara de Diputados, que deberá conformar un jurado de enjuiciamiento para investigar el caso en detalle.
Por su parte, Susana Medina, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, informó que la jueza fue separada de su cargo de vicepresidenta primera y se le inició un sumario administrativo.
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En una reunión de comisión directiva, se decidió suspenderla y dar inicio al proceso de sumario, con un plazo de 24 horas para que presente su descargo. Se espera que el lunes próximo se tome una decisión definitiva respecto a su expulsión de la asociación.
El caso generó consternación entre los miembros de la asociación, que lamentan el impacto negativo de estas acusaciones en la imagen de la institución. Susana Medina expresó su preocupación por el daño causado a una asociación con una trayectoria de 31 años, fundada por una figura intachable como Carmen Argibay.
El informe presentado por Telenoche Investiga incluye el testimonio de la denunciante, Manuela Saavedra, así como pruebas audiovisuales que respaldan las acusaciones. En un video grabado con cámara oculta, se puede apreciar cómo la jueza presuntamente solicita el pago de una suma de dinero para acelerar el proceso judicial.
Ante estas revelaciones, Saavedra presentó una denuncia penal por el presunto delito de concusión, siendo acompañada por el equipo legal de la ONG Poder Ciudadano.
El fiscal Luis González Aguirre está a cargo de la investigación penal, mientras que la ONG habilitó un número para recibir denuncias adicionales de casos que puedan estar relacionados con el comportamiento indebido de la magistrada.