Por la Causa Vialidad pedirán una condena de 10 años para Cristina y que no pueda ejercer cargos públicos
El fiscal federal Diego Luciani pedirá este lunes una condena de cumplimiento efectivo de entre 10 y 12 años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, por haber sido "jefa de una asociación ilícita" para beneficiar con obra pública al empresario santacruceño Lázaro Báez.
La última jornada de alegatos por parte del Ministerio Público Fiscal comenzará a las 8.30, ante el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Tras analizar la conducta penal de todos los imputados, Luciani y Sergio Mola, el otro fiscal de la causa, realizarán su pedido de condena.
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"Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández", "Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción", fueron algunas de las frases que es escucharon durante los alegatos en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública.
Cristina Fernández Kirchner.
Además del pedido de condena de cumplimiento efectivo, de entre 10 y 12 años, el fiscal pedirá para la ex mandataria la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y el decomiso de sus bienes hasta una suma que aún no está clara.
La fiscalía acusa a la vicepresidenta de ser jefa de una asociación ilícita, constituida por el ex presidente Néstor Kirchner, e integrada por el ex ministro Julio de Vido, y los ex funcionarios José López, Nelson Periotti, y del empresario Lázaro Báez y del delito de fraude contra la administración pública, ambos en concursos real, por lo que las penas que puede pedir el fiscal van entre los 5 y los 16 años de prisión.
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Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner, veredicto se conocería a fin de año, la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo sucedería con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.
