Qué posibilidades hay de que Cristina Kirchner termine presa por la causa vialidad
Esta miércoles, la Justicia federal argentina se encuentra a las puertas de vivir una importante definición en el caso de corrupción que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal definirá si ratifica la condena a seis años de prisión que pesa sobre la exmandataria por irregularidades en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
Filtraron parte de la charla entre Javier Milei y Donald Trump
Este fallo, a cargo de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, será decisivo en uno de los procesos judiciales de mayor resonancia de la última década en el país.
El equipo legal de Fernández de Kirchner ya anunció que apelará la sentencia ante la Corte Suprema, buscando impedir que el fallo quede firme en un contexto de cambios en la composición del máximo tribunal.
La defensa aspira a que la eventual renovación de la Corte pueda influir en el desenlace final del caso, sumando una variable adicional a la estrategia judicial de la exmandataria.
Según trascendió en las últimas horas, el fallo podría no ser unánime. Si bien se espera que dos magistrados mantengan la condena, una posición minoritaria podría buscar endurecer la pena, añadiendo el cargo de asociación ilícita a la sentencia original.
Esta posible división dentro de la Sala IV subraya la complejidad del caso y la diversidad de criterios dentro del sistema judicial sobre el tratamiento de causas de corrupción política de alta relevancia pública.
¿Cristina Kirchner podría ir a prisión?
Aun cuando se confirme la condena, es poco probable que Fernández de Kirchner enfrente prisión efectiva en el corto plazo. Su edad, superior a los 70 años, le permitiría solicitar la prisión domiciliaria en caso de que la Corte Suprema respalde la sentencia.
El novedoso anuncio que hizo el creador de Facebook para Argentina
Sin embargo, la situación podría complicarse si se aprueba la ley de "ficha limpia", que inhabilitaría a los condenados por corrupción para ocupar cargos públicos, lo cual impediría su participación en futuras elecciones.