Se aprobó la nueva fórmula de aumentos jubilatorios y Milei ya quiere vetarla: el motivo del debate
El Senado de la Nación aprobó hoy, con una amplia mayoría, el proyecto de ley que incrementa las jubilaciones en un 8,1% y ajusta su actualización mensual al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La iniciativa, que ya había sido sancionada en la Cámara de Diputados con una votación similar, recibió 61 votos afirmativos, ocho negativos y ninguna abstención en la cámara alta.
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Además del aumento del 8,1%, el proyecto establece que cada marzo se aplicará un ajuste adicional del 50% sobre la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), si esta es superior al IPC del año anterior. Asimismo, la ley dispone que la ANSES garantizará un suplemento alimentario para que las personas que perciban un solo beneficio no reciban menos del valor de la canasta básica total por adulto, multiplicado por 1,09.
El proyecto también instruye a la ANSES a cancelar, en un plazo de seis meses, todas las deudas pendientes con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, así como con los beneficiarios con sentencia firme. Según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la implementación de esta ley representaría un gasto adicional del 0,43% del presupuesto.
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A pesar de la aprobación legislativa, el presidente Javier Milei manifestó su firme oposición al proyecto, amenazando con vetarlo si llega a sancionarse. En un comentario que generó controversia, Milei calificó a los diputados que apoyaron la iniciativa como "degenerados fiscales".
El mandatario y su ministro de Economía, Luis Caputo, promovieron una política de "déficit cero", y sostienen que el incremento del 8,1% es aceptable, pero se oponen al resto de los puntos del proyecto, particularmente a la retroactividad de los ajustes.
En este contexto, la Casa Rosada envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, al Congreso para defender la postura del Ejecutivo. Los funcionarios expresaron que, aunque aceptarían el aumento del 8,1%, este no se aplicaría de manera retroactiva a enero, cuando las jubilaciones subieron un 12,5%, en comparación con una inflación del 20,6%, sino que entraría en vigor a partir del mes siguiente a la promulgación de la ley.
