A las puertas del 7D, siguen los cruces entre el Gobierno y Clarín
El dueño del 40% de las acciones de Cablevisión pidió al Grupo que venda su parte (60%) para adecuarse a la Ley.
El 22 de mayo del 2012, la Corte Suprema estableció el 7 de diciembre cómo último día para la cautelar, que marcará el inicio de la aplicación plena de la Ley de Medios. Esta situación generó sensaciones positivas en el Gobierno, pero se vio con malos ojos desde la perspectiva del Grupo Clarín, enfrentado desde hace tiempo con el Ejecutivo nacional.
Diversos dirigentes y miembros de los medios se han referido a la ley. El ministro de Justicia Julio Alak no quiso ser menos y dijo que si la Cámara Civil y Comercial pretende extender “más allá del 7 de diciembre” la medida que permite a Clarín no cumplir plenamente con la Ley de medios, se generaría un “conflicto de poderes”.
“La ley en 48 horas estará en estado de plena aplicación. La posibilidad de que la sala 1 de la Cámara Civil y Comercial pretenda extender la cautelar más allá del 7 de diciembre sería un alzamiento contra una ley de la Nación, contra un pronunciamiento de la Corte, y una burla a la voluntad popular, y generaría un conflicto de poderes”, agregó Alak.
También recordó que la medida cautelar para Clarín la dictó un juez del fuero Civil y Comercial “13 días antes de su jubilación”, en referencia al juez Edmundo Carbone, e incluso señaló que ese mismo juez regresó un año después de su jubilación permitiendo acciones dilatorias de Clarín. Alak denunció que con este contexto, “el Estado no tiene la garantía constitucional de independencia e imparcialidad de los jueces”, e informó que por ese motivo el Estado nacional presentó ayer un pedido de “revocación y nulidad” contra la resolución de la Cámara.
Por su parte, el Grupo Clarín emitió un duro comunicado a través de su oficina de relaciones institucionales donde expresó que “la razón por la que Alak no quiere ninguna resolución -ni de fondo ni cautelar- antes del 7 de diciembre es muy simple. Porque el Gobierno quiere avanzar de facto, desconociendo abiertamente el fallo de la Corte y la propia Ley de medios. La prueba más clara de su intención de atropellar el estado de derecho es el cambio de reglamentos que hizo la AFSCA en las últimas horas, donde eliminó el plazo de 30 días para la presentación de planes y habilitó al Estado a confiscar no sólo las licencias sino los bienes de los medios”. “La amenaza de un ministro del Poder Ejecutivo de que un fallo distinto al que el Gobierno quiere sería un alzamiento contra la ley, la división de poderes, la Corte y el pueblo, es sin dudas de una gravedad inédita en toda la historia democrática argentina”, concluyó la misiva.
Y anoche, sorpresivamente, la compañía Fintech Advisory Inc., dueña del 40% de las acciones de Cablevisión S.A., propuso que su principal socio y accionista mayoritario, Grupo Clarín (propietario del otro 60%), venda su parte en esa empresa de televisión por cable. Lo hizo a través de una nota presentada en la mesa de entradas de la AFSCA en la que consulta al organismo presidido por Martín Sabbatella sobre la viabilidad de avanzar en una propuesta de adecuación, luego de los diversos anuncios de representantes del Grupo de desconocer los plazos establecidos para el cumplimiento de la ley 26.522.
El 22 de mayo del 2012, la Corte Suprema estableció el 7 de diciembre cómo último día para la cautelar, que marcará el inicio de la aplicación plena de la Ley de Medios. Esta situación generó sensaciones positivas en el Gobierno, pero se vio con malos ojos desde la perspectiva del Grupo Clarín, enfrentado desde hace tiempo con el Ejecutivo nacional.
Diversos dirigentes y miembros de los medios se han referido a la ley. El ministro de Justicia Julio Alak no quiso ser menos y dijo que si la Cámara Civil y Comercial pretende extender “más allá del 7 de diciembre” la medida que permite a Clarín no cumplir plenamente con la Ley de medios, se generaría un “conflicto de poderes”.
“La ley en 48 horas estará en estado de plena aplicación. La posibilidad de que la sala 1 de la Cámara Civil y Comercial pretenda extender la cautelar más allá del 7 de diciembre sería un alzamiento contra una ley de la Nación, contra un pronunciamiento de la Corte, y una burla a la voluntad popular, y generaría un conflicto de poderes”, agregó Alak.
También recordó que la medida cautelar para Clarín la dictó un juez del fuero Civil y Comercial “13 días antes de su jubilación”, en referencia al juez Edmundo Carbone, e incluso señaló que ese mismo juez regresó un año después de su jubilación permitiendo acciones dilatorias de Clarín. Alak denunció que con este contexto, “el Estado no tiene la garantía constitucional de independencia e imparcialidad de los jueces”, e informó que por ese motivo el Estado nacional presentó ayer un pedido de “revocación y nulidad” contra la resolución de la Cámara.
Por su parte, el Grupo Clarín emitió un duro comunicado a través de su oficina de relaciones institucionales donde expresó que “la razón por la que Alak no quiere ninguna resolución -ni de fondo ni cautelar- antes del 7 de diciembre es muy simple. Porque el Gobierno quiere avanzar de facto, desconociendo abiertamente el fallo de la Corte y la propia Ley de medios. La prueba más clara de su intención de atropellar el estado de derecho es el cambio de reglamentos que hizo la AFSCA en las últimas horas, donde eliminó el plazo de 30 días para la presentación de planes y habilitó al Estado a confiscar no sólo las licencias sino los bienes de los medios”. “La amenaza de un ministro del Poder Ejecutivo de que un fallo distinto al que el Gobierno quiere sería un alzamiento contra la ley, la división de poderes, la Corte y el pueblo, es sin dudas de una gravedad inédita en toda la historia democrática argentina”, concluyó la misiva.
Y anoche, sorpresivamente, la compañía Fintech Advisory Inc., dueña del 40% de las acciones de Cablevisión S.A., propuso que su principal socio y accionista mayoritario, Grupo Clarín (propietario del otro 60%), venda su parte en esa empresa de televisión por cable. Lo hizo a través de una nota presentada en la mesa de entradas de la AFSCA en la que consulta al organismo presidido por Martín Sabbatella sobre la viabilidad de avanzar en una propuesta de adecuación, luego de los diversos anuncios de representantes del Grupo de desconocer los plazos establecidos para el cumplimiento de la ley 26.522.
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